Guatemala: la fiscal general enfrenta denuncias históricas tras perder respaldo político.

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, atraviesa uno de los momentos más delicados de su carrera tras fracasar en su intento de obtener un cargo en la Corte de Constitucionalidad, lo que le habría permitido conservar inmunidad frente a procesos judiciales. Este revés político coincide con nuevas y graves acusaciones formuladas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El organismo de la ONU señaló que Porras habría estado presuntamente implicada en redes de adopciones ilegales de niños indígenas durante la década de 1980, un período marcado en Guatemala por el conflicto armado interno y por denuncias sistemáticas de violaciones a los derechos humanos. Según el informe, estas prácticas habrían afectado a comunidades vulnerables y se habrían realizado sin garantías legales ni consentimiento informado de las familias.

Las denuncias emergen en un contexto de creciente cuestionamiento internacional a la gestión de Porras al frente del Ministerio Público de Guatemala, institución que ha sido acusada por distintos sectores de debilitar la lucha contra la corrupción y de perseguir selectivamente a fiscales, jueces y periodistas críticos del poder político.

El fracaso de su candidatura a la Corte de Constitucionalidad supone un golpe significativo para la fiscal general, ya que la deja expuesta a eventuales investigaciones tanto a nivel nacional como internacional. Organizaciones de derechos humanos consideran que este escenario podría abrir la puerta a un mayor escrutinio judicial sobre su pasado y su actuación actual.

Mientras tanto, el caso vuelve a poner en el centro del debate la deuda histórica del Estado guatemalteco con las víctimas del conflicto armado y la necesidad de verdad, justicia y reparación para las comunidades indígenas afectadas.

Publicado el : 17 de febrero de 2026

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