resión a la UE para paralizar la norma que refuerza las expulsiones de migrantes.

Más de setenta organizaciones defensoras de los derechos de las personas migrantes han solicitado a las instituciones de la Unión Europea que paralicen la tramitación del denominado Reglamento de Retorno, la propuesta con la que la Comisión Europea pretende endurecer los procedimientos de expulsión de extranjeros en situación administrativa irregular.

El proyecto, presentado en marzo de 2025 e integrado en el Pacto Europeo de Migración y Asilo, tiene como objetivo —según el Ejecutivo comunitario— unificar las normas sobre retorno, hacer más eficaces las expulsiones y reducir la permanencia irregular mediante criterios comunes en materia de identificación, detención y repatriación.

En un comunicado conjunto promovido por diversas entidades sociales, los firmantes advierten de que la propuesta ampliaría las redadas en espacios públicos y privados, incrementaría el uso de herramientas de vigilancia y podría implicar a servicios públicos en tareas de control migratorio junto a las fuerzas de seguridad.

Las organizaciones alertan de que, aunque este tipo de prácticas no son nuevas en Europa, el reglamento contribuiría a normalizar el perfilado racial y la supervisión en ámbitos como hospitales o centros sociales, e incluso permitiría actuaciones en domicilios particulares. Asimismo, piden coherencia entre el discurso europeo en defensa de los derechos humanos y las políticas internas en materia migratoria.

En las próximas semanas, la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo (LIBE) examinará un borrador del texto que, según denuncian estas entidades, incluye disposiciones para localizar y detener a personas sin documentación en espacios públicos, planteadas por el Consejo de la UE.

Desde el ámbito sanitario, distintas organizaciones subrayan que vincular el acceso a servicios médicos con el estatus migratorio puede tener consecuencias directas en la salud, ya que podría disuadir a mujeres embarazadas, menores o personas con enfermedades crónicas de acudir a atención médica, lo que, además de vulnerar derechos, supondría un riesgo para la salud pública.

Publicado el : 16 de febrero de 2026

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