as divisiones políticas frenan la reforma autonómica de Córcega.

La autonomía de Córcega divide a Francia

El Senado francés se dispone a debatir este lunes un proyecto de reforma constitucional que otorgaría mayores competencias a la isla de Córcega para gestionar sus propios asuntos, en un contexto de división dentro de la mayoría de derecha y centro del hemiciclo sobre los límites de la autonomía propuesta. Mientras tanto, las posibilidades de que la reforma sea aprobada definitivamente antes de las próximas elecciones presidenciales siguen siendo inciertas.

El debate está previsto para las 16:30 horas, mientras que la votación tendrá lugar durante la tarde-noche, cuatro meses después de que la Asamblea Nacional francesa aprobara el proyecto, cuyo objetivo es reconocer las particularidades de la isla dentro del marco constitucional de la República.

El proceso se remonta a 2022, cuando el entonces ministro del Interior, Gérald Darmanin, por encargo del presidente Emmanuel Macron, inició consultas sobre el futuro del estatus institucional de Córcega, con el objetivo de alcanzar una fórmula que concediera mayores competencias a la isla.

El texto aprobado por la Asamblea Nacional en junio pasado permite adaptar las leyes y normativas nacionales a las particularidades locales de Córcega. Asimismo, contempla la posibilidad de que sus autoridades aprueben disposiciones propias que podrían abarcar competencias legislativas, cuyas condiciones de ejercicio se definirían posteriormente mediante una ley orgánica.

El proyecto también incluye una referencia a una «comunidad insular» que ha desarrollado una relación particular con el territorio corso. Esta formulación suscita discrepancias entre los parlamentarios sobre su compatibilidad con los principios constitucionales franceses.

El Senado, dominado por las fuerzas de derecha, representa el principal obstáculo legislativo para el proyecto, debido a las reservas de varios de sus miembros ante la posibilidad de conceder competencias legislativas a las autoridades locales y a sus temores de que la reforma transforme profundamente la relación entre el Estado y la isla.

Las divisiones se manifiestan especialmente entre el sector próximo a Bruno Retailleau, que ya había criticado el proyecto por considerar que consagra constitucionalmente las identidades comunitarias, y varios miembros del grupo centrista, que defienden la descentralización y respaldan la ampliación de las competencias de Córcega.

El senador autonomista Paul Toussaint Parigi afirmó que el Senado, en su condición de representante de las colectividades territoriales, no debería obstaculizar la voluntad democrática de los habitantes de la isla. Asimismo, manifestó su intención de defender el acuerdo alcanzado en la Asamblea Nacional.

Por su parte, la senadora Muriel Jourda, encargada de elaborar el informe sobre el proyecto, consideró que el texto es ambiguo e incompleto. Advirtió de que dejar la definición de las competencias para una futura ley orgánica podría otorgar a las autoridades locales atribuciones cuyo alcance no estaría suficientemente delimitado.

El pasado miércoles, la Comisión de Leyes del Senado aprobó varias enmiendas al proyecto, entre ellas la supresión de la referencia a la «comunidad insular». Sin embargo, estas modificaciones volverán a debatirse durante la sesión plenaria.

Hasta el momento, los grupos parlamentarios no han alcanzado un acuerdo sobre la cuestión central del alcance de las competencias que podrían transferirse a las autoridades corsas, pese a los contactos mantenidos entre representantes de la derecha, el centro y la izquierda.

La senadora centrista Isabelle Florennes afirmó que todavía es posible alcanzar una solución de consenso, mientras que el senador socialista Éric Kerrouche señaló que la aprobación de un texto en el Senado supondría un avance importante, aunque la reforma aún tendría que superar otras etapas.

La aprobación de la reforma constitucional requiere que la Asamblea Nacional y el Senado voten un texto idéntico antes de someterlo al Parlamento reunido en Congreso, donde deberá obtener el respaldo de una mayoría de tres quintos de los votos emitidos.

Estas exigencias, sumadas a las discrepancias políticas y a la proximidad de las elecciones presidenciales, ponen en duda la posibilidad de completar el proceso legislativo en el tiempo restante, pese a los esfuerzos por alcanzar una fórmula aceptable para los principales grupos parlamentarios.

Publicado el : 26 de octubre de 2026

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