Entrar en casas para expulsar inmigrantes: Bélgica abre un nuevo frente sobre los derechos fundamentales

Bélgica autoriza a la Policía a entrar en viviendas para detener a inmigrantes en situación irregular

Un nuevo proyecto de ley aprobado por las autoridades belgas el viernes ha abierto un amplio debate político y jurídico al incluir disposiciones que permiten a los agentes de Policía entrar en domicilios particulares para detener a inmigrantes en situación irregular en determinados supuestos. La iniciativa ha suscitado críticas de organizaciones de derechos humanos y partidos de izquierda, que advierten de posibles vulneraciones de la inviolabilidad del domicilio y las libertades individuales.

El texto, que recibió luz verde durante las primeras horas del viernes, autoriza a la Policía belga, acompañada por funcionarios de la Oficina de Extranjería, a acceder a las viviendas de personas sobre las que pesen órdenes de expulsión del territorio belga, con el objetivo de proceder a su detención y ejecutar las medidas legales correspondientes. La disposición también contempla la posibilidad de entrar en domicilios de terceros cuando se constate que las personas buscadas residen en ellos.

Las nuevas medidas están dirigidas a inmigrantes en situación irregular que hayan recibido una orden de abandonar Bélgica y que puedan representar una amenaza para el orden público o la seguridad nacional. No obstante, el acceso a las viviendas estará condicionado a la autorización previa de un juez de instrucción. El proyecto también contempla la posibilidad de recurrir a un cerrajero para abrir las puertas cuando resulte necesario.

La ministra belga de Asilo y Migración, Annelies Verlinden, defendió las medidas y calificó la aprobación del proyecto de «paso histórico». Según sostuvo, los cuerpos de seguridad necesitan disponer de las herramientas legales necesarias para intervenir frente a personas que puedan representar una amenaza para la sociedad.

La responsable insistió en que la iniciativa busca proteger la seguridad pública y garantizar la ejecución de las órdenes de expulsión. Asimismo, rechazó que se trate de una campaña generalizada contra los inmigrantes en situación irregular y defendió que las autoridades competentes puedan actuar cuando se encuentren ante personas consideradas peligrosas.

En sentido contrario, organizaciones no gubernamentales y colectivos de defensa de los derechos humanos han cuestionado el alcance de las nuevas disposiciones. Sus críticas se centran en las implicaciones jurídicas y constitucionales de permitir la entrada de agentes en domicilios privados para ejecutar órdenes de expulsión, así como en el riesgo de ampliar las facultades policiales en materia migratoria.

La sección belga de Amnistía Internacional también expresó su rechazo al proyecto y alertó sobre las consecuencias de equiparar la situación administrativa irregular con la delincuencia. La organización considera que las nuevas medidas «refuerzan la confusión entre la ausencia de un permiso de residencia y la delincuencia», una asociación que, a su juicio, puede alimentar una percepción negativa de las personas migrantes que carecen de documentación legal.

La iniciativa vuelve a situar en el centro del debate político y jurídico belga una cuestión que lleva años generando controversia: los límites de la intervención policial en los domicilios particulares para ejecutar decisiones de expulsión y su compatibilidad con las garantías constitucionales que protegen la vida privada y los derechos individuales.

Francia cuenta con mecanismos similares, aunque su aplicación sigue siendo limitada debido, entre otros factores, a las dificultades para ejecutar las órdenes de abandonar el territorio francés. En este contexto, la iniciativa belga está siendo observada en el marco del debate europeo sobre la gestión de la inmigración irregular y el equilibrio entre las exigencias de seguridad y el respeto a los derechos fundamentales.

La entrada en vigor de las nuevas disposiciones queda supeditada a la culminación del procedimiento legislativo. Mientras tanto, continúa la confrontación entre quienes defienden el endurecimiento de los mecanismos de expulsión y las organizaciones de derechos humanos que reclaman garantías para evitar que estas medidas vulneren la inviolabilidad del domicilio y las libertades reconocidas por la ley.

Publicado el : 7 de noviembre de 2026

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