Argentina ante una nueva batalla legal por la protección de los glaciares.

Cientos de miles de ciudadanos argentinos, cerca de 800.000, se han sumado a una acción judicial colectiva contra la reciente reforma de la ley de protección de los glaciares, impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Esta modificación abre la puerta a la realización de proyectos mineros millonarios en zonas próximas a los campos de hielo, lo que ha generado una fuerte reacción social y jurídica en defensa de los recursos hídricos.

La reforma fue aprobada recientemente por el Congreso argentino y, casi de inmediato, la provincia de La Pampa presentó un recurso ante la justicia federal. Paralelamente, diversas organizaciones ambientalistas están preparando otra demanda de carácter colectivo, que ya ha recibido el respaldo de cientos de miles de ciudadanos.

Los impulsores de estas acciones legales advierten que el proceso podría prolongarse durante años y no descartan llevar el caso a tribunales internacionales. Según sus argumentos, la modificación legislativa vulnera el derecho al medio ambiente sano recogido en la Constitución argentina, además de contradecir acuerdos internacionales suscritos por el país.

La ley original, aprobada en 2010, era considerada pionera en América Latina por garantizar la protección de los glaciares y su entorno como reservas estratégicas de agua. Sin embargo, la reforma otorga ahora a las provincias la facultad de decidir qué áreas cercanas a los glaciares pueden destinarse a la actividad minera, lo que flexibiliza las restricciones existentes hasta ahora.

Desde el Ejecutivo, se defiende esta medida como una vía para impulsar el crecimiento económico. El sector minero, por su parte, sostiene que no todas las zonas periglaciales cumplen funciones esenciales en el abastecimiento de agua, por lo que consideran viable autorizar proyectos tras evaluaciones específicas.

De acuerdo con estimaciones del sector, esta nueva normativa podría facilitar inversiones cercanas a los 40.000 millones de dólares, principalmente en proyectos de extracción de cobre, oro y plata en regiones de alta montaña.

No obstante, expertos y organizaciones ambientales alertan de que la reforma podría beneficiar incluso a explotaciones ya existentes que anteriormente no cumplían con la legislación vigente. Además, subrayan que el creciente interés internacional por el cobre —en un contexto global marcado por la transición energética— ha intensificado la presión para modificar el marco legal.

Este conflicto legal tiene antecedentes relevantes. En 2019, la Corte Suprema argentina ratificó la validez de la ley de 2010, destacando el carácter público de los glaciares y priorizando el acceso al agua frente a intereses económicos. Sin embargo, el nuevo escenario político y judicial genera incertidumbre sobre el desenlace de esta nueva disputa.

En definitiva, el debate refleja una tensión de fondo entre desarrollo económico y protección ambiental, en un contexto donde el acceso al agua se posiciona como un recurso estratégico y cada vez más disputado.

Publicado el : 12 de abril de 2026

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