Las nuevas declaraciones sobre Plus Ultra vuelven a poner a Zapatero ante el juez.

El juez Calama vuelve a valorar la retirada del pasaporte a Zapatero por la investigación de Plus Ultra

El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de imponer medidas cautelares al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero dentro de la investigación relacionada con el rescate de Plus Ultra. Entre las opciones que se estudian figura la retirada de su pasaporte, una medida que la Fiscalía Anticorrupción ya había solicitado en junio y que entonces fue rechazada por el juez.

Por el momento, no se ha adoptado ninguna decisión y Zapatero mantiene sus documentos de viaje y su libertad para desplazarse fuera de España. La nueva valoración llega después de las declaraciones realizadas los días 7 y 8 de septiembre por Julio Martínez Sola, antiguo presidente de Plus Ultra, y Roberto Roselli, exconsejero delegado y director financiero de la compañía.

Durante sus comparecencias, ambos exdirectivos confirmaron que la aerolínea habría previsto destinar cerca del 1% de los 53 millones de euros recibidos de la SEPI —unos 530.000 euros— a trabajos de «acompañamiento» relacionados con la operación. De acuerdo con sus declaraciones, parte de esos fondos habría terminado en sociedades relacionadas con Julio Martínez Martínez, conocido como ‘Julito’, señalado como amigo y colaborador de Zapatero y como persona de contacto con el denominado «grupo Zapatero».

Los antiguos responsables de la compañía también explicaron que determinadas cantidades se habrían gestionado a través de facturas, mientras que otras estarían relacionadas con billetes de avión en clase business. Asimismo, situaron en torno al 26 de febrero de 2021 una comunicación al entorno de Plus Ultra sobre la próxima autorización del rescate, aproximadamente una semana antes de que el Consejo de Ministros aprobara oficialmente la ayuda de 53 millones.

Sin embargo, los testimonios conocidos hasta ahora no señalan que Zapatero realizara personalmente gestiones ante la SEPI, integrantes del Ejecutivo o funcionarios públicos para obtener el rescate. La investigación deberá determinar, mediante documentación, movimientos bancarios, comunicaciones y otros elementos probatorios, cuál fue realmente el alcance de la intervención de cada persona relacionada con la operación.

El pasado 17 de junio, la Fiscalía Anticorrupción había pedido que Zapatero entregara sus pasaportes, acudiera a firmar cada dos semanas y solicitara autorización judicial antes de abandonar España. Calama descartó entonces estas medidas al considerar que el expresidente contaba con un elevado arraigo en el país y que su notoriedad pública disminuía el riesgo de fuga. En aquella resolución únicamente estableció la obligación de facilitar un número de teléfono y una dirección de correo electrónico para poder localizarlo.

La causa mantiene abiertas otras líneas de investigación. El juez permitió registrar el despacho de Zapatero situado en la calle Ferraz y determinadas sociedades relacionadas con su entorno, pero rechazó el registro de su vivienda familiar al considerar que no existían indicios suficientes para justificar una actuación de esa intensidad y alertar del riesgo de convertir la investigación en una búsqueda indiscriminada de pruebas.

Tampoco fueron incorporados como elementos probatorios determinados testimonios de vecinos relativos a humo procedente de la chimenea de la vivienda o a la llegada de un camión destinado a retirar objetos. Paralelamente, la investigación analiza unas joyas cuyo valor provisional se sitúa en 1,32 millones de euros, el destino de los aproximadamente 530.000 euros vinculados a Plus Ultra y el origen de fondos venezolanos relacionados con la aerolínea.

Las pesquisas también alcanzan operaciones vinculadas a Laura y Alba Rodríguez Espinosa y a la sociedad Whathefav. En cuanto a Kingsfield Consulting, las comprobaciones realizadas no permitieron localizar cuentas de la empresa en UBS ni Crédit Agricole bajo las condiciones examinadas.

La defensa de Zapatero, dirigida por Víctor Moreno Catena, ha cuestionado además la incorporación al procedimiento de determinadas comunicaciones al considerar que podrían proceder de una fuente ilícita.

Ahora corresponde al juez Calama determinar si los nuevos testimonios aportan información suficiente para cambiar el criterio adoptado en junio. Si finalmente ordenara la retirada del pasaporte, Zapatero vería limitada su capacidad para viajar al extranjero mientras continúe la instrucción. Esta eventual medida cautelar, en cualquier caso, no implicaría por sí misma una declaración de culpabilidad.

Publicado el : 14 de septiembre de 2026

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